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LA LEY PARA OFICIALIZAR LA “AUSTERIDAD REPUBLICANA” DE AMLO

Esta semana, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados votará la ley con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende quitar los privilegios y excesos a la burocracia para hacer de la ‘austeridad republicana’ el eje estratégico del gasto público en México.

Entre las acciones para reducir los gastos innecesarios en un país con 53.4 millones de pobres, el dictamen de la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado plantea eliminar las pensiones de expresidentes, bonos y estímulos salariales de funcionarios, restringir el uso de escoltas y asesores y reducir viáticos, entre otros.

También estipula que se anularán los contratos otorgados vía tráfico de influencias o corrupción e iniciar los procedimientos para sancionar a los responsables.

El proyecto está basado en una iniciativa presentada por Morena en septiembre pasado, la cual sostiene que los gobiernos deben procurar administraciones austeras “inspiradas en el gobierno republicano de Benito Juárez” y pone como ejemplo la Ley de Austeridad de la Ciudad de México que se publicó el 30 de diciembre de 2003.

¿Qué propone?

Con esta ley, el partido de la ‘Cuarta Transformación’ pretende reducir gastos innecesarios y onerosos en el servicio público para generar ahorros presupuestales que puedan canalizarse al desarrollo productivo, en beneficio de los que más lo necesitan.

Estas son las principales acciones de austeridad:

• Eliminar privilegios como el pago de seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación voluntaria y seguro de vida.
• Evitar el engrosamiento del aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas plazas.
• Restringir a lo estrictamente necesario el uso de escoltas y elementos de seguridad , así como de secretarios privados y asesores.
• Limitar el uso de vehículos propiedad del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo a la población.
• Restringir el gasto en propaganda oficial, disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales.
• Establecer límites a los gastos en pasajes y viáticos, evitando traslados en servicio de primera clase, ejecutivo o equivalente.
• Fijar políticas de ahorro en servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones y bienes informáticos.
• Señalar expresamente la prohibición de pagar a pensiones de retiro a expresidentes.

¿Austeridad para quién?

De aprobarse, esta ley aplicaría para todos los servidores públicos en todas las dependencias, entidades y órganos de los Poderes de la Unión y demás entes públicos federales. Es decir, también deberían sujetarse a ella los empleados de estados y municipios cuando ejerzan recursos federaLES.

Son sujetos de esta ley:

• Todos los servidores públicos
• Todas las dependencias, entidades y órganos de los Poderes de la Unión
• Todos los entes públicos federales
• Los organismos públicos autónomos emitirán sus propios lineamientos, en cumplimiento de los objetivos de esta ley

¿Pensiones? No más…

Se eliminan pensiones de retiro a titulares del Ejecutivo federal, a los miembros del Congreso de la Unión, magistrados de Circuito, jueces de distrito, consejeros de la Judicatura Federal y magistrados electorales.

Además, la propuesta cancela cualquier tipo de pensión que se hubiere creado ex profeso para servidores públicos, personal civil o de las fuerzas armadas, cuyos costos sean cubiertos con recursos del Estado.

¿A dónde irán los ahorros?

La iniciativa especifica que los ahorros obtenidos a partir de la austeridad se destinarán a los programas prioritarios previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, a los programas de atención a la población y diversos programas sociales con asignación de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

También prevé que los recursos puedan destinarse a los rubros “que por decreto determine el titular del Ejecutivo federal”.

¿Adiós contratos piratas?

En su artículo 10, la propuesta plantea que ser anularán los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que se hayan otorgado mediante el tráfico de influencias, corrupción o que causen daño a la Hacienda Pública.

Y estipula que los órganos internos de control o de la fiscalización en cada ente público deberán iniciar los procesos correspondientes para sancionar a los responsables y resarcir el daño ocasionado.

¿Adiós al negocio de las televisoras?

Los artículos 14 y 15 establecen que todas las oficinas de Comunicación Social y de Informática y Tecnologías de la Información se centralizarán en la Oficina de la Presidencia de la República.

El gasto asignado anualmente a la difusión de propaganda oficial por los entes públicos federales se sujetará a los montos que fije la Secretaría de Hacienda, con un margen de ajuste hasta de un 0.15% y no aumentarán en el año fiscal.

La difusión de propaganda oficial en radio y televisión deberá priorizar el uso de los tiempos oficiales. Solo se podrán comprar tiempos comerciales cuando los oficiales no estén disponibles o sean insuficientes.

La iniciativa estipula que no se crearán plazas adicionales a las autorizadas en el PEF para cada año fiscal ni se aumentarán sus dotaciones, a fin de no engrosar del aparato burocrático.

Únicamente se pagarán servicios personales por honorarios en casos excepcionales y justificados. Y solo los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad, defensa exterior, procuración e impartición de justicia podrán disponer de escoltas, blindaje automotriz y cualquier otro gasto para su protección.

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